Transformación neoliberal: del Estado corrupto al Estado criminal
«Las cosas por su nombre»
Por Ramón Alfonso Sallard
• El por qué de las reformas que AMLO propondrá el 5 de febrero
El neoliberalismo aceleró la descomposición del Estado mexicano, cohesionado durante décadas por la corrupción, hasta transformarlo en un auténtico Estado criminal. A partir del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), cuando inició el desmantelamiento del incipiente Estado de bienestar posrevolucionario, prácticamente se canceló la movilidad social.
El modelo impuesto desde el exterior, que alentó la creación de diversos organismos autónomos, fraccionó al Estado y redujo su capacidad coactiva. Estos espacios entregados a los poderes fácticos se erigieron en auténticos feudos. Con excepción de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), los subsecuentes presidentes de la República adscritos al programa político neoliberal asumieron el papel de gerentes subordinados al poder económico.
La élite gobernante se fracturó en 1988. El sector nacionalista se escindió del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza. Esta ruptura derivó en violencia política y criminal seis años después. Como es sabido, estalló la guerra en Chiapas y Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu fueron asesinados a balazos.
A partir de 1994, con el ascenso de Ernesto Zedillo a la presidencia las reformas estructurales del neoliberalismo se intensificaron. Esta dinámica debilitó aún más al Estado en beneficio no sólo del poder económico, sino también de diversos grupos criminales que se diseminaron por todo el país y que lograron arrebatar algunos segmentos territoriales al Estado.
Con la alternancia en 2000 se impuso en el gobierno de Vicente Fox la visión individualista de lucro del empresariado y se multiplicaron exponencialmente los negocios al amparo del poder público. En ese tiempo se abrió por completo las puertas al crimen organizado. Los delincuentes primero financiaron campañas a cambio de contratos; luego, sus personeros accedieron directamente a cargos públicos.
De la guerra contra determinados grupos criminales iniciada en diciembre de 2006 por Felipe Calderón surgió un narcoestado. Su estructura y protagonistas han sido exhibidos en diversas cortes estadounidenses (sirvan de ejemplo los juicios al Chapo Guzmán y a Genaro García Luna). La confrontación propició una crisis humanitaria sin precedentes que persiste hasta la fecha. La cifra de más de 100 mil personas desaparecidas permite dimensionar el problema.
El retorno de la cleptocracia en 2012, con Enrique Peña Nieto al frente, casi deviene en Estado fallido. La coalición de izquierda recibió el país en 2018 con una impunidad del 99.3%. Sin embargo, la actual administración no ha podido desmantelar los feudos de poder fáctico incrustados en el Estado ni tampoco ha logrado avances sustantivos en el combate a la criminalidad, debido, principalmente, al lawfare o guerra jurídica desplegada por el Poder Judicial en contra del Ejecutivo y del Legislativo.
El máximo tribunal del país no sólo ha invalidado diversas leyes alegando aspectos procedimentales durante su proceso de aprobación, sino que se ha arrogado la facultad de legislar, que no posee, en lugar de limitarse a interpretar el texto constitucional. Lo ha hecho a través de la creación de jurisprudencia.
La justicia en México sigue siendo privilegio de las élites. El juicio de amparo, mediante el cual se resuelve la mayoría de los procesos jurisdiccionales del país, favorece a los poderes fácticos. Y esto es así porque la SCJN ha determinado reiteradamente, desde 1997 hasta la fecha, que los jueces no violan derechos humanos al tramitar los juicios de amparo, aunque esto sea una práctica cotidiana. En los hechos la Corte otorga a las y los jueces una suerte de fuero que blinda su actuación jurisdiccional, sea cual sea su resolución, lo cual es contrario al mandato de los artículos 1º, párrafo tercero, y 13 de la CPEUM.
He ahí la necesidad de una profunda reforma del Estado mexicano, con especial énfasis en los aparatos de procuración y administración de justicia. En lugar de apelar al simple Estado de derecho, se puede aspirar a un auténtico Estado democrático, constitucional y social de justicia. Ese es el sentido de las reformas que habrá de presentar al Congreso de la Unión el presidente Andrés Manuel López Obrador, y cuyo contenido dará a conocer formalmente el próximo 5 de febrero. Volveremos al tema una vez que se hagan públicas.
